IMPUTADO EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE NUEVA CANARIAS

Investigan giros millonarios al exterior durante la Operación Palmera.

La Guardia Civil sigue la huella del dinero posiblemente vinculado a pagos ilegales.

Algunos de los cheques que obran en poder del juez, todos al portador y por altos importes
Guaydil emitió 1.485.500 euros en cheques al portador durante seis meses

En plena gestación del parque eólico por el que se origina la Operación Palmera, la constructora Guaydil -empresa en la que figura como propietario y administrador José Luis Alemán Suárez- emitió más de una veintena de cheques al portador por valor de 1.485.500 euros en un intervalo de 6 meses (entre junio y diciembre de 2004), momentos antes de que se gestara el proyecto.

Para más señas, Alemán es uno de los imputados por el caso, al ser el representante de la Sociedad Agraria El Águila, una de las tres compañías relacionadas con el parque, junto a Marcial Sánchez (Inmuebles Comerciales La Mareta) y Agustín Domínguez (Machacadora Domínguez). Según fuentes de la investigación consultadas por ABC, sorprende la cuantía de los talones, que en algunos casos alcanzan los 224.000 euros (expedido el 10 de junio) o 207.000 (15 de julio).

Incluso se da el caso de que el 29 de diciembre se emitieran dos cheques, uno de 15.000 euros y otro de 110.000. Ante la falta de terreno público y la necesidad de disponer de ello para contar con los fondos europeos, el Ayuntamiento de Santa Lucía firmó, según las pesquisas de la Guardia Civil, de manera arbitraria tres convenios de permuta con dichas entidades. Como contraprestación, la Sociedad Agraria El Águila percibía del municipio el 31 por ciento, y tanto la Machacadora Domínguez como La Mareta se llevarían cada una el 9 por ciento, reservándose el gobierno local el 51 restante del negocio eólico.

ABC:
La Guardia Civil se encuentra investigando movimientos millonarios de dinero al exterior -presumiblemente, a paraísos fiscales- que se produjeron durante la Operación Palmera y que podrían aportar reveladores datos en este caso por el que están imputados el alcalde del municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos -que acaba de ser reelegido al frente del comité local de Nueva Canarias (NC)-, además de varios concejales de NC y empresarios vinculados a la trama.

Se trata de movimientos bancarios que algunos de los implicados no han podido justificar de manera fehaciente en sus comparecencias ante el juez que entiende en la causa, Juan Carlos Socorro, del Juzgado de Instrucción número 4 de de San Bartolomé de Tirajana.
Incluso, no ha pasado desapercibido para quienes llevan adelante la investigación la llamativa cantidad de cheques al portador emitidos por empresas presuntamente vinculadas a la trama, por sumas tan elevadas que superan los cientos de miles de euros.

Hacienda debería saberlo
«Es imposible que eso no haya llamado la atención de Hacienda estatal», aseguraron a este periódico fuentes con una larga trayectoria en entidades bancarias. Por otra parte, cuando un talón supera los 3.000 euros se exige que el portador rellene con sus datos personales el reverso del mismo.

Del mismo modo, otra circunstancia que no ha pasado desapercibida para los investigadores es que en el período en que sucedieron los hechos fuera relevado de su cargo el subdirector de una sucursal santaluceña de una entidad de ahorro, sin que se conocieran los motivos.

En los círculos políticos del municipio no ha dejado de comentarse, por otro lado, que Dunia González haya sido designada en julio pasado como nueva teniente de alcalde, es decir, como primera sustituta en caso de que Matos dejase la Alcaldía. Se trata de la única concejal del grupo de gobierno que en 2005 no estuvo presente el día en que el pleno votó su conformidad a que el Ayuntamiento optase por la instalación de un parque eólico financiado por la Unión Europea (UE).

Con el objetivo de conseguir de los fondos que facilitaba la UE a las regiones ultraperiféricas (como Madeira, Azores y Canarias), el consistorio gobernado por Nueva Canarias presentó un proyecto eólico que, ante las instancias comunitarias (y ante el Concurso convocado por la Consejería de Industria del Gobierno regional), puntuaba más si se ubicaba en terreno público.

Sin embargo, el Ayuntamiento no tenía acceso a suelo público, por lo que -según las investigaciones que la Guardia Civil entregó al juez y a las que ABC ha tenido acceso-, elaboró una serie de convenios con ciertas empresas para conseguir la cesión de unos terrenos privados para evitar así la expropiación, que hubiera dilatado

los plazos de ejecución, perdiéndose así las subvenciones.